POLICIALES

MUERTE Y MISTERIO EN UN COUNTRY DE CÓRDOBA
Un joven de 20 años y su novia, de 17, fueron hallados muertos en un country de la ciudad de Córdoba, sin signos de violencia, informaron fuentes policiales.
Ayer, alrededor de las 18, Nidia Morana, de 72 años, encontró los cuerpos de su nieto y de la chica en el dormitorio de su casa ubicada en el country Lomas de La Carolina.
La pareja, según informó a DyN una fuente policial, había regresado a la propiedad tras participar de una fiesta el sábado a la noche.
Las víctimas no presentaban signos de violencia y la causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa”. Los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial, donde en las próximas horas se realizarán las pericias para determinar las causas.
Tomó intervención en el caso el fiscal Horacio Vázquez, titular de fiscalía IV turno II.


HARTO DE QUE LE ROBEN, MATÓ A UN SOBRINO Y A DOS MUJERES
Un hombre jubilado de 93 años desató una masacre en su casa de la ciudad bonaerense de Caseros, cuando con el argumento de que estaba “cansado de que le robaran” tomó un arma y mató a balazos a un sobrino y a dos mujeres que lo cuidaban.
Fuentes policiales identificaron al acusado del triple homicidio cometido en la ciudad cabecera del partido de Tres de Febrero como Antonio Pignotti, de 93 años. Según los voceros, el propio Pignotti les habría dicho a los policías cuando llegaron a la casa que perpetró la masacre porque “estoy harto de que me roben”.
La escena con la que se encontraron los agentes de la Policía Bonaerense fue aterradora: el sobrino de Pignotti, ya estaba fallecido en el piso, mientras las mujeres agonizaban y murieron poco después, en el hospital al que fueron llevadas. Todo empezó en la casa de Pignotti de la calle Tres de Febrero 3882, en Caseros, donde el hombre baleó por la espalda a su
sobrino, Hebert Buffoni, 60 años, de profesión contador.
Enseguida el hombre atacó a las dos mujeres que lo cuidaban, quienes estaban en estado de shock. La policía las identificó como Miriam Segovia, de 50 años, quien recibió un balazo en la zona del tórax y murió en la ambulancia cuando era llevada al hospital Carrillo.
La otra mujer, una octogenaria llamada Ana María López, madre de Segovia, fue llevada al hospital con un balazo en la cabeza y murió alrededor de las 17 de este lunes. Apenas llegaron a la casa los policías lograron desarmar al anciano homicida que aún tenía la pistola -una calibre 22- en las manos, de la cual poseía la titularidad pero con el permiso vencido,
según indicó el jefe de la Departamental San Martín, José María Cignoli.
La expresión “estoy harto de que me roben” tendría que ver con un supuesto perjuicio económico que, según el homicida, le causaban las víctimas. La justicia ordenó que el acusado sea atendido por un psiquiatra.

POLICÍAS DETENIDOS POR DESAPARICIÓN Y CRIMEN DE UN JOVEN
La Justicia federal de Rosario ordenó la detención de 31 policías, entre ellos el director de Asuntos Internos de la fuerza provincial de Santa Fe, Aníbal Candia, en la causa que investiga la desaparición y muerte de Franco Casco, un joven bonaerense de 21 años que en 2014 fue demorado en una comisaría y apareció muerto 22 días más tarde en el río Paraná.
Además de los 31 policías, las órdenes de arresto incluyen a cinco civiles, profesionales que participaron de la autopsia y que están acusados de complicidad. Muchas de las detenciones se llevaron a cabo durante las horas de la madrugada de este lunes por parte de personal de Gendarmería, en varios allanamientos simultáneos ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros.
El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, negó que “se estén planteando modificaciones en la Policía” y aseveró que “no protegemos agentes de la fuerza cuando son investigados; todo lo contrario: si se determina su responsabilidad tendrán que afrontarla, como cualquier otro ciudadano”. El juez Vera Barros está al frente del caso desde diciembre de 2014, dos meses después de la desaparición del joven.
Entonces se resolvió que el expediente fuera investigado como una desaparición forzada de persona, por lo que correspondía el paso al fuero federal. Semanas atrás, con la etapa de instrucción casi terminada, la fiscalía y la querella solicitaron el pedido de indagatoria de los uniformados y civiles involucrados ante “la contundencia de la carga probatoria”, dijeron.
El juez ordenó ahora las detenciones del jefe de la Comisaría 7a., donde estuvo detenido Casco, todo el personal de guardia de la seccional y el director de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Entre los civiles que estaban siendo investigados se encuentran una médica de la policía y un médico y dos odontólogos del Instituto Médico Legal, acusados de encubrir el caso.
Franco Casco, un albañil oriundo de Florencia Varela, padre de un niño de 3 años, llegó a Rosario en octubre de 2014 para visitar a familiares en Empalme Graneros, un humilde barrio del noroeste de esta ciudad. Cuando su estadía llegó a su fin, emprendió una caminata hacia la terminal de colectivos para comprar un pasaje y regresar a su casa, pero a pocas cuadras del lugar fue detenido por efectivos de la Comisaría 7a., quienes lo esposaron y lo trasladaron a esa dependencia.
Allí, según consta en la causa, el joven habría sido golpeado y torturado hasta morir. Luego de 22 días de búsqueda su cadáver fue encontrado en el río Paraná por personal de Prefectura Naval, en proximidades del Parque España de Rosario.
El cuerpo se encontraba en estado de descomposición avanzada, pero pudo ser identificado rápidamente por un tatuaje con la leyenda Thiago, el nombre de su pequeño hijo. El abogado de la querella en la causa, Salvador Vera, aseguró que los policías deberían recibir prisión preventiva “por dos razones: “por la gravedad del hecho y la pena de expectativa que da cuenta de un gran peligro de fuga y porque está probado en la causa todo el entorpecimiento a la actuación judicial hecho por los propios agentes”.
“Los propios agentes intentaron hacer desaparecer todos los datos de la detención y del paso de Casco de manera clandestina por la seccional 7° y todo lo que padeció adentro del calabozo transitorio, donde efectivizaron su muerte”, afirmó, según el diario La Capital, de Rosario.
En tanto el abogado Santiago Bereciartúa, querellante en la causa en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo que “estamos plenamente seguros” de que Franco “sufrió maltratos, abuso policial en la comisaría y que obviamente también lo hicieron desaparecer”. “No podemos dar cuenta minuto a minuto del desenlace que ha tenido el fallecimiento de Franco Casco, pero estamos plenamente seguros de que Franco ingresó el día 6” de octubre de 2014 “a la comisaría y no el 7, como dice el parte policial, que Franco sufrió maltratos, abuso policial en la comisaría, y que obviamente también lo hicieron desaparecer”, añadió.
Aclaró que no es posible “a esta altura de la investigación quizás dar cuenta del último aspecto de esta cronología de hechos”, o sea que los policías hayan asesinado al muchacho. Pero, sostuvo, “entendemos que (el ataque) fue de tal violencia como para que haya fallecido en la misma comisaría 7a.”, dijo a radio LT3, según reprodujo La Capital.

TIMERMAN QUIERE DECLARAR POR LA AMIA
El ex canciller kirchnerista Héctor Timerman solicitó declarar de manera espontánea en la causa penal por la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman por “encubrimiento” a Irán y en la de “traición a la patria” por el caso AMIA.
El planteo lo hizo ante el juez federal Claudio Bonadio el abogado Alejandro Rúa, defensor de Timerman y de la ex presidenta Cristina Fernández, en medio de fuertes rumores sobre una inminente solicitud de indagatoria por parte del fiscal  Gerardo Pollicita.
Timerman pidió ser citado a una declaración espontánea “para aclarar los hechos” del expediente y teniendo en cuenta “la situación de salud” que atraviesa a raíz de un cáncer, informaron fuentes judiciales. Cuatro días antes de morir de un balazo en la cabeza en circunstancias aún no esclarecidas, el fiscal Nisman denunció a la entonces presidenta Fernández, a Timerman, al diputado Andrés Larroque, al piquetero Luis D’Elía y al ex líder de Quebracho Fernando Esteche, entre otros, por encubrir a Irán en la investigación por el caso AMIA, a raíz del memorándum de entendimiento firmado con ese país para supuestamente esclarecer el atentado de 1994 a la mutual judía .
La denuncia fue desestimada dos veces en primera y segunda instancia y recién se abrió la causa en diciembre último por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Para esa altura ya se había denunciado también a Cristina Fernández, a Timerman y a los legisladores que votaron el memorándum en el Congreso “traición a la Patria”. Ambas investigaciones tramitan conexas en el juzgado de Bonadio.

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