POLICIALES

PARA EL FISCAL RÍVOLO, BOUDOU PUEDE IR PRESO

El fiscal federal Carlos Rívolo, el primero que tuvo a su cargo la investigación por supuesta corrupción en la adquisición de la imprenta Ciccone Calcográfica, en 2010, advirtió que el accionar del ex vicepresidente Amado Boudou en ese hecho es “delictivo” y dijo que si es condenado “corre riesgo de ir preso” porque los delitos que se le imputan contemplan
penas de cumplimiento efectivo.

“Lo calificamos como delictivo. Claramente hay elementos de prueba para llegar a una condena. Y si se confirmara la condena, corre riesgo de ir preso porque hay pena de cumplimiento efectivo por los delitos que está siendo acusado”, sostuvo. En declaraciones a radio La Red, Rívolo, quien quedó fuera de la causa en mayo de 2012, resaltó que Boudou está acusado por el “desdoblamiento de su personalidad” en el ejercicio de su función, ya que atendía sus obligaciones en el Estado y en un negocio privado relacionado con su responsabilidad.

“Un funcionario público debe resguardar los intereses del Estado, en este caso lo hacía en beneficio propio”, subrayó.

Además, recordó que la empresa The Old Fun S.A, cuyo titular era Alejandro Vandenbroele, otro de los acusados en la causa, “solo tenía tres facturas emitidas” al momento de adquirir Ciccone, encargada de imprimir billetes, dos de las cuales habían sido rechazadas.

“La tercera, por su participación en el plan de renegociación de la deuda de Formosa, donde casi su intervención es nula, porque no se pudo encontrar casi ningún papel que demostraran que hubo un trabajo en beneficio de la provincia”, añadió. Por último, recordó que la denuncia contra Boudou provocó “una crisis institucional” en la Semana Santa de 2012 cuando una conferencia de prensa del entonces vicepresidente, en la que cuestionó duramente la investigación, “le costó la cabeza al entonces Procurador General, Esteban Righi, que “adoptó una posición en defensa de la institucionalidad”.

El juicio por la causa Ciccone comenzó ayer en los tribunales de Comodoro Py con apenas una hora de audiencia, ya que pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo tras una serie de planteos, entre ellos uno de nulidad del debate.


UN EX DIRECTOR DEL PAMI, FRENTE A LA JUSTICIA

Dos fiscales pidieron al juez federal Julián Ercolini que cite a declaración indagatoria al último jefe del PAMI kirchnerista, Luciano Di Cesare, y a otros ex directivos de la obra social de los jubilados por la contratación presuntamente irregular de una empresa que prestaba servicios informáticos.

El pedido fue formulado por los titulares de la fiscalía federal 3 y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos cometidos en el PAMI (UFIPAMI), Eduardo Taiano y Javier Arzubi Calvo, respectivamente, y difundido oficialmente.

Di Cesare ya está procesado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público por haber utilizado 2.800 millones de pesos para invertir en Letras del Tesoro del Estado Nacional.

También lo procesaron por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, a raíz del cobro de vacaciones no gozadas por 1,3 millón de pesos cuando terminó la gestión kirchnerista. La causa comenzó el año pasado por impulso de la UFIPAMI y se investigan las maniobras que se habrían cometido en perjuicio del PAMI a través de la contratación de la empresa “Red Hat de Argentina SA” por la suma de 138.433.649,51 pesos, para que brinde una
plataforma para los servicios informáticos del Instituto, informó la página “fiscales.gob.ar“.

El pedido alcanza a los funcionarios de PAMI que intervinieron en el expediente administrativo. Según la información oficial de la página del Ministerio Público Fiscal, ellos fueron Juan José Chomiak, por haber confeccionado el informe técnico que indicó la contratación de la empresa; José A. Ferrini, que avaló ese informe y confeccionó los pliegos de bases y condiciones, y Mariano Cardelli, funcionario que autorizó la solicitud de presupuesto para la contratación.

También Pablo Risso, Julián Frías y Alicia Vaena, integrantes de la comisión evaluadora que aconsejó la elección de Red Hat (que fue reconformada en su totalidad luego de que uno de sus integrantes originales entrara en licencia por paternidad); Pedro Insausti y Roberto Guaresti, quienes desde el departamento de asuntos jurídicos no efectuaron objeción alguna al trámite en cuestión, y Di Cesare, quien como director ejecutivo nacional declaró admisible la oferta y autorizó la contratación, añadió “fiscales.gob.ar“.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron en el pedido de indagatorias que en junio de 2015 el ingeniero Chomiak -por entonces titular de la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento del INSSJP/PAMI- elaboró un informe en el que sugirió contratar a Red Hat “mediante trámite simplificado y por exclusividad en el servicio”.

Ese informe fue “avalado por las diferentes autoridades” y el procedimiento finalizó el 30 de septiembre de 2015. Se trató de un contrato de tres meses y ocho días por casi 140 millones de pesos, pese a que no había motivos para hacer este procedimiento sin licitación pública y aún cuando “quedó claramente demostrado que otras dos empresas el sector podrían prestar este tipo de actividades y con un costo mucho menor”, aseveraron los fiscales.

Además, los fiscales descartaron los argumentos en torno a que la contratación de esa empresa concedería descuentos y bonificaciones, se añadió.


ESCAPAR DEL HORROR

Una adolescente de 13 años, acompañada por una amiga de 14, caminó más de 20 kilómetros por montes y caminos rurales de Misiones para escapar de los intentos de abuso sexual de su padrastro.

La travesía concluyó cuando ambas fueron halladas por la policía, según confirmaron hoy fuentes de esa fuerza de seguridad. Las menores de edad unieron Colonia Paraíso, en el municipio de Campo Ramón, con el paraje Sargento Cabral, en Panambí, a principios de la semana pasada, en un supuesto incidente de “fuga de hogar”, según denunciaron los familiares ante las autoridades.

El caso abrió una investigación que incluyó averiguaciones entre amigos y conocidos, y se extendió hasta la vivienda de un hombre de 63 años, quien era allegado a los denunciantes y admitió que había brindado alojamiento a las jóvenes.

El hombre dijo a los policías que las adolescentes llegaron a su casa con señales de cansancio y que le dijeron que se encontraban de paseo, pero ante la fragilidad del estado que presentaban, decidió darles albergue.

Luego del hallarlas, las autoridades continuaron con el procedimiento de trasladarlas hasta un centro asistencial, donde un médico diagnosticó que se encontraban en buen estado de salud y sin señales de lesiones, razón por la que se dispuso que fueran restituidas a su hogar.

Al llegar al domicilio de la joven de 13 años, ésta reveló a su madre los pormenores del acoso sexual que sufría con frecuencia de parte de su padrastro, especialmente durante las horas de ausencia de la mujer, circunstancias que fueron ratificadas ante los policías.

Según se supo de fuentes allegadas a la investigación, la adolescente admitió que había abandonado el hogar ante los reiterados intentos de abuso de su padrastro, como manoseos en sus partes íntimas y propuestas de mantener una relación amorosa bajo amenazas de muerte.

Ademñas, detalló que el acoso del hombre de 61 años fue cada vez más frecuente, motivo por el cual la víctima comentó a la amiga la situación y, entre las dos, decidieron buscar ayuda entre los allegados que le dieron albergue.

Con los antecedentes mencionados, la policía detuvo al acusado, quien fue alojado en la comisaría de Villa Bonita, en tanto la víctima recibió asistencia psicológica y su madre realizó la denuncia del hecho.

Finalmente, se inició un expediente calificado como delito contra la integridad sexual, a cargo del Juzgado de Instrucción de Oberá.

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