NACIONALES

TRAS 10 AÑOS, LEVANTAN LA INTERVENCIÓN DE ENARGAS
El Gobierno nacional puso fin a la intervención del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), que había sido dispuesta en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, en medio del escándalo por el caso Skanska. “Cese la intervención del  Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), organismo autárquico actuante en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería”, dispone el artículo 1° del Decreto 594/2017, publicado en el Boletín Oficial.
La norma designa además como vicepresidente del organismo al ingeniero Daniel Alberto Perrone, quien estará al frente hasta  tanto se designe al nuevo titular. Además de Perrone, fueron designados el Ingeniero Carlos Alberto Maria Casares como vocal primero, por tres años; al licenciado Diego Fernando Guichón, como vocal segundo, por dos años; y la Doctora Griselda Lambertini como vocal tercera, por doce meses.
Según se recuerda en los considerandos del decreto, el proceso de normalización del Enargas comenzó en 2016 cuando se instruyó al Ministerio de Energía y Minería “a realizar los actos necesarios para llevar adelante el proceso de selección de los integrantes del Directorio”.
Posteriormente se llamó a Concurso Abierto de Antecedentes para las designaciones y se constituyó el Comité de Selección para el análisis y evaluación de los antecedentes de los postulantes, que con excepción del presidente, fueron designados hoy.


CREAN COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD
El Gobierno nacional oficializó la creación de un comité de Ciberseguridad, debido al incremento “exponencial y a la diversidad de las amenazas y ataques informáticos”. El nuevo organismo, que según el Decreto 577/2017 publicado en el Boletín Oficial funcionará en la órbita del Ministerio de Modernización y estará conformado además por representantes de las carteras de Seguridad y Defensa, tendrá como función “desarrollar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional”.
También deberá “elaborar el plan de acción necesario para la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad”;
“convocar a otros organismos para que participen en la implementación de medidas en el marco del plan de acción”; e “impulsar el dictado de un marco normativo en materia de Ciberseguridad”. Otra de las funciones de comité será “fijar los lineamientos y
criterios para la definición, identificación y protección de las infraestructuras críticas nacionales” y “participar en el desarrollo de acciones inherentes a la Ciberseguridad nacional que se le encomienden”.
Entre los considerandos del decreto se afirma que “encarar una adecuada protección en materia de Ciberseguridad es una tarea
compleja que resulta necesaria en la actualidad, debido al incremento exponencial y a la diversidad de las amenazas y ataques
informáticos, así como el impacto que los mismos puedan ocasionar en las infraestructuras críticas de un país y su población”.
Asimismo, “el principal objetivo de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad es el desarrollo de las previsiones en materia de
protección del ciberespacio, destinado a implementar en forma coherente y estructurada acciones de prevención, detección, respuesta, defensa y recuperación frente a las amenazas cibernéticas, conjuntamente con el desarrollo de un marco normativo acorde”.


DENUNCIAN A UNA MINERA EN MENDOZA
La Dirección de Minería de Mendoza denunció penalmente a los dueños de una cantera del departamento de Lavalle por realizar actividades extractivas sin estar autorizada por esa repartición. Se trata del establecimiento El Quemado, que a principios de
junio fue terreno de disputa entre puesteros y el supuesto propietario, y que ya había sido clausurada en 2014.
La denuncia penal fue formulada ante la Unidad Fiscal del departamento de Las Heras, y según la Dirección de Minería, se basó en la violación de la clausura “propiamente efectuada, la continuación de las actividades de explotación ilegal y por considerar que existe un peligro inminente para la población y un daño ambiental en la zona”.
Tres años atrás, el organismo provincial clausuró la cantera de tercera categoría, dedicada principalmente a la extracción de ripio y arena, en el campo El Quemado, debido a que el expediente legal no acreditaba la titularidad del terreno, “un requisito imprescindible para realizar la actividad”, explicaron.
Durante ese lapso, los propietarios no regularizaron la situación y la cantera permaneció clausurada. En setiembre de 2016, ante una nueva denuncia, los inspectores recorrieron el área y encontraron indicios de la extracción de áridos y un plano inclinado, constatando que la clausura fue violentada y que se había infringido el cierre determinado por la autoridad de aplicación.

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