NACIONALES

ANULAN SOBRESEIMIENTO A CARLOS MENEM
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del senador nacional y ex Presidente, Carlos Menem, en la causa penal por la voladura en 1995 de la fábrica militar de Río Tercero, que causó siete muertos y más de 300 heridos.
Fuentes judiciales informaron que la sala dos del máximo tribunal penal del país hizo lugar, por mayoría, a los recursos de apelación que habían puesto el fiscal general Javier De Luca y el querellante, abogado Ricardo Monner Sans. Casación dispuso la devolución de la causa a la Cámara Federal  de Apelaciones de Córdoba a fin de que “por ante quien corresponda” se dicte un nuevo pronunciamiento respecto al ex Jefe de Estado.
Y, a la vez, consideró mal concedido el recurso de casación respecto al ex jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, que durante el kirchnerismo fue embajador de Argentina en Colombia y Costa Rica, y confirmó su sobreseimiento. En el voto principal, el camarista Alejandro Slokar, sostuvo que existen “dudas del agotamiento de la pesquisa” y consideró que “resultan fundamentales los resguardos que se deben extremar al momento de dictarse un pronunciamiento que evidencie un grado de
certeza negativa”.
Por el contrario, la camarista Angela Ledesma concluyó que debía confirmarse el sobreseimiento porque había mediado la afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. La explosión se produjo el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, provocó la muerte de siete personas, dejó más de 300 heridos y generó la destrucción de gran parte de la
ciudad.
Si bien desde un primer momento el entonces presidente Carlos Menem instaló la idea de que se había tratado de un accidente, la Justicia determinó que fue un hecho “intencional, organizado y direccionado” para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
En 2014 el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a penas de entre 10 y 13 años de prisión a cuatro ex militares: Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke y Edberto González de la Vega, Marcelo Gatto, todos considerados autores mediatos del delito de “estrago doloso”.
González de la Vega y Franke eran directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares que dependía del Ministerio de Defensa, Cornejo Torino era director de la fábrica de Río Tercero y Gatto estaba a cargo de la División Producción Mecánica. En 2015 el Gobierno de la Presidente Cristina Fernández promulgó hoy la ley que estableció indemnizaciones para las víctimas de la voladura y sus deudos.


DISCUSIÓN Y MUERTE
En un confuso episodio, un pasajero murió aplastado por las ruedas de un colectivo, luego de mantener una discusión con el chofer en la ciudad de San Lorenzo, informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, en la intersección de San Martín y José Ingenieros, e involucró a un micro de la línea 35/9 verde del transporte interurbano de pasajeros. La víctima, identificada como Miguel Angel Garrote, de 64 años, viajaba desde Puerto General San Martín para hacer una consulta médica en un centro asistencial.
En esa circunstancia, se produjo un incidente con el colectivero, aparentemente porque el pasajero quería descender en un lugar no habilitado. Finalmente, una vez que pudo hacerlo el pasajero cayó y fue aplastado por las ruedas trasera del micro, produciéndole la muerte en forma instantánea.
Una testigo contó que el chofer había descendido del vehículo para continuar abajo el entredicho, y aunque no llegaron a propinarse golpes, el colectivo comenzó a desplazarse solo, pese al desesperado intento del chofer por detenerlo. Las mismas fuentes señalaron que el conductor se encuentra ahora detenido y mañana, en la audiencia imputativa, el fiscal Leandro Lucente, de los Tribunales de San Lorenzo, solicitará la imputación por homicidio culposo y la inhabilitación para conducir.


LAS PYMES CONTRA LOS SUPERMERCADOS
Pequeños y medianos empresarios salieron en respaldo de la decisión del gobierno de investigar las relaciones existentes entre proveedores y supermercados, ante sospechas de que las grandes cadenas impongan restricciones para el ingreso de nuevos jugadores.
Así lo señaló el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, quien manifestó su respaldo a la iniciativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. “Desde CAME históricamente sostenemos la importancia de controlar a las grandes superficies en cuanto a su posición dominante en el mercado, que les permite fijar los precios de los productos, perjudicando a las pymes”, sostuvo Tarrío.
La entidad recordó que todos los meses emite el Índice de Precios de Origen y Destino (IPOD) que da cuenta de la distorsión que se genera en la cadena de comercialización de los productos agrícola-ganaderos en el trayecto que va del campo a la góndola.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará una investigación para determinar si existen prácticas que impiden la competencia entre empresas para ser proveedoras de supermercados. Según informaron a DyN fuentes de Comercio, la investigación estará centrada sobre las condiciones que imponen las grandes cadenas de retail a las empresas para poder ofertar en sus góndolas.
Entre ellas figuran los prolongados plazos para el cobro de la mercadería vendida, que podrían superar los 120 días, exigencias de cantidades y devolución por vencimientos, entre otras.

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