POLÉMICA POR LA POSIBLE LIBERACIÓN DE ASTIZ

La eventual liberación del represor argentino Alfredo Astiz, oscuro símbolo de la represión y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), generó una fuerte polémica en Argentina a tres días de cumplirse el 42 aniversario del último golpe de Estado.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó hoy que se evalúe la posibilidad de liberar a Astiz, conocido como “El Angel Rubio” y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo haciéndose pasar por un hermano de un joven detenido-desaparecido.

“Realmente es una provocación. Es un desgaste al que nos someten a los que llevamos tantos años de lucha”, señaló Carloto durante una entrevista a Radio 10. En tanto, Graciela Fernández Meijide, exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 para investigar la desaparición forzada de personas en la última dictadura, opinó que al ex capitán de Fragata de la Armada “deberían mandarlo a su domicilio con prisión domiciliaria, con la pulsera electrónica”.

El caso de Astiz avivó el fuego sobre una medida que evalúa el gobierno de Mauricio Macri para conceder el beneficio de la prisión domiciliaria a genocidas, cuando su nombre apareció entre los de 325 personas sugeridas por el ejecutivo para agregar a una lista de 1.111 “internos sugeridos” para que los jueces decidan si pueden gozar de ese beneficio.

La información surgió de un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que presentó una nómina de presos en condiciones de acceder a “medidas alternativas de prisión”. El exmilitar, de 67 años, podría obtener la prisión domiciliaria porque el cáncer de próstata que padece no podría ser tratado correctamente en una cárcel y, por su situación judicial, tampoco puede ser derivado a un hospital.

Carlotto se permitió hoy dudar del mal estado de salud de los represores a los que se pretende beneficiar, causa mencionada en los documentos oficiales con la intención de atenuar sus condenas. “Está comprobado que son personajes peligrosos. Dudo de sus enfermedades. No sea cosa que después, como (el fallecido genocida y ex general Ramón) Camps, los veamos caminando por (la céntrica calle) Florida”.

El hecho de que la noticia sobre la eventual efectivización de esta medida se difunda poco antes del 24 de marzo, Día de la Memoria y fecha en que, en 1976, se produjo el golpe cívico-militar que dio origen a la última dictadura en el país, motivó una dura reacción por parte de los referentes de los derechos humanos.

Sin embargo, Meijide, quien también sufrió aquel año el secuestro y la desaparición de su hijo Pablo, de 17 años, expresó en diálogo con radio La Red que existen “sentimientos contradictorios”. Sostuvo que no olvida lo sucedido pero que frente a ciertas “enfermedades, no se debe mantener una persona en prisión”.

“Astiz me sigue produciendo rechazo, pero a determinada edad o enfermedades no se debe mantener una persona en prisión. Hasta el peor enemigo tiene derechos”, dijo Meijide. “No es que yo perdone a Astiz, pero se equivocó quien creyó que peleábamos solo por el derecho de nuestros hijos. Yo peleo por el futuro de nuestro país y lo haré mientras me duren las fuerzas”, subrayó.

Astiz, condenado dos veces a prisión perpetua, es uno de los represores más emblemáticos. En los años ’70, el también apodado “Angel de la muerte” se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo, que reclamaban la aparición con vida de sus hijos secuestrados por los llamados grupos de tareas.

Astiz entregó a uno de estos grupos represores -el llamado 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)- a la fundadora de las Madres, Azucena Villaflor, y otras integrantes del grupo como Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, que luego fueron torturadas, asesinadas y arrojadas al Río de la Plata en los “vuelos de la muerte”. El marino también participó de los secuestros seguidos de muerte del autor de “Operación Masacre”, Rodolfo Walsh; las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y de la joven sueca de 18 años, Dagmar Hagelin.

En tanto, el SPF, el organismo dependiente del Gobierno que confecciona las listas de reclusos a beneficiar, aclaró que sus informes no son vinculantes y que la liberación de los presos depende de la Justicia. Asimismo, agregó que la eventual aplicación de la medida se debe a la delicada situación por la que atraviesan las prisiones federales, por la superpoblación carcelaria.

En esas listas, además de los presos por delitos de lesa humanidad, también figuran personas de más de 70 años; internos con enfermedades terminales o discapacitados; mujeres embarazadas o con hijos de hasta 4 años; de baja peligrosidad; y del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI).

Astiz aparece en una lista agregada por el gobierno a la ya existente, elaborada el pasado 8 de marzo y en la que se leen los nombres de otros 100 genocidas, entre ellos, el del ex capitán de Fragata Jorge Eduardo “Tigre” Acosta -quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA-; Adolfo Donda y Antonio Pernias, miembros del grupo de tareas 3.3.2. con sede en la ex-ESMA.

FOTO: LA GACETA

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