POLICIALES

EL CRIMEN DE ANAHÍ: EL ADN MARCÓ A UN SOSPECHOSO

El ADN hallado en el cuerpo de la joven Anahí Benítez pertenece a Marcelo Villalba, uno de los acusados y detenidos por el crimen de la joven que había desaparecido de su casa el pasado 29 de julio y a los seis días encontraron su cuerpo semienterrada en una reserva de Lomas de Zamora.

Según confirmaron fuentes policias a DyN, “en el hisopado anal se contró ADN positivo con Villalba”, luego de que se determinara que la víctima había sido drogada con un potente sedante que le pusieron en la comida.

Villalba fue el segundo detenido, acusado de encubrimiento agravado, debido a que su hijo, de 17 años, dijo que le había regalado el celular que, en realidad, le pertenecía a Anahí.


CASO PRÓVOLO: OTRA MONJA IMPUTADA
La justicia mendocina imputó a la monja Asunción Martínez en la causa que investiga las denuncias por abusos perpetrados contra niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo, por lo cual suman ocho los implicados en el caso.
La religiosa, que quedó imputada por participación necesaria y omisión de los hechos denunciados, fue la primera en declarar cuando la monja que permanece detenida, Kosaka Kumiko, se encontraba prófuga.
El abogado querellante Juan Dantiacq explicó en declaraciones a Canal 9 que “se ha imputado a Asunción Martínez, una de las monjas, por entender que hay participación primaria de ella por lo menos en uno de los hechos que se investigan en el expediente principal”.
“La víctima (en su declaración), refiere a que es abusado por dos de los imputados y con heridas propias de un abuso acude a ella en auxilio, y ella los reta a los dos imputados en la causa principal y los traslada al médico donde les hacen curaciones. Este hecho se habría repetido dos veces”, sostuvo.
El letrado señaló que la religiosa “no sólo no denunció los hechos, sino que en principio no habría dado aviso a las autoridades”. Por su parte, Oscar Barrera, otro de los abogados querellantes, explicó que Martínez “fue presentada por la defensa de Kumiko, la primera que fue a declarar estando todavía prófuga Kumiko”.
“Son personas que están vinculadas a la institución, personas que han trabajado en el Instituto en la época en que se produjeron los hechos, pero por respeto a la investigación y a la determinación del fiscal, en estas imputaciones, hasta tanto no las concrete, yo voy a reservarme de dar datos de esas personas”, sostuvo.
La causa suma 44 hechos denunciados de abuso sexual y corrupción de menores, y tiene como imputados a dos sacerdotes, dos monjas, y cuatro ex empleados de la institución educativa.


RECHAZAN EXCARCELAR AL APROPIADOR DE VICTORIA DONDA
La Cámara Federal porteña confirmó que debe seguir preso el prefecto Juan Antonio Azic, condenado por la apropiación de la diputada Victoria Donda y Laura Dameris.
Azic había pedido la excarcelación en base al fallo del “dos por uno” que dictó la Corte Suprema en mayo pasado y que luego derivó en que el Congreso aprobase una ley prohibiendo la aplicación de la derogada ley 24.390 para los casos de lesa humanidad.
El juez Sebastián Ramos había rechazado el planteo, pero Azic apeló y ahora los miembros de la Sala II de la Cámara Federal volvieron a dar una negativa. “Se advierte que en esta nueva oportunidad la defensa pretende reeditar la discusión en torno al modo de computar el tiempo en detención de Azic y la procedencia de su libertad condicional, pero esta vez lo hace introduciendo como novedad en su pretensión la doctrina que se desprende del reciente fallo “Muiña” de la CSJN (Corte Suprema), que entiende aplicable a la situación de su asistido”, señala el fallo al que accedió DyN.
Pero el tribunal señaló que “no corresponde abocarnos al análisis de los tópicos planteados en esta oportunidad, como forma de aventar cualquier posibilidad de incurrir en pronunciamientos  contradictorios” con la Corte Suprema, que tiene pendiente el análisis de la extensión del beneficio “Muiña” al resto de los otros condenados por esta clase de delitos luego de la ley aprobada en el Congreso.


CONFIRMAN PROCESAMIENTO DE CRISTÓBAL LÓPEZ
La Cámara en lo Penal Económico de esta capital confirmó los procesamientos dictados a Cristóbal López, su socio Fabián De Souza, Inversora M&S SA y OIL M&S SA, como autores del delito de apropiación indebida de tributos y de los recursos de la seguridad social, y el embargo por 30 millones y 250 millones de pesos respectivamente.
Así lo informó oficialmente la AFIP, impulsora judicial del reclamo, al detallar que la Sala A de la Cámara también revocó el sobreseimiento parcial que se había ordenado para aquellos casos en los que se consideró por separado, dentro del mismo mes, las sumas apropiadas indebidamente según fuere el tributo previsional o impositivo y con ello no se alcanzare a superar el monto establecido por la Ley Penal Tributaria como configurativo de delito.
A criterio de los camaristas, “resulta indistinto que las retenciones o percepciones hubieran sido efectuadas con motivo de obligaciones tributarias de diversa índole siempre que hubiesen ocurrido en el transcurso de un mes”. Puntualmente, se confirmó el procesamiento respecto de Mariano Luis Frutos, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián de Souza y la firma Telepiu SA (Canal 9) en calidad de autores del delito mencionado y el embargo por las sumas de $23.000.000 respecto del primero de ellos y $25.000.000 en relación al resto.
En mayo, la jueza María Verónica Straccia había dictado los procesamientos a López, a De Souza y a la empresa Telepiu SA por “apropiación indebida de aportes destinados al Sistema Único de la Seguridad Social retenidos a los dependientes” de esa firma.
La AFIP resaltó que frente a una causa con un amplio objeto procesal, en la cual se investigan más de 30 empresas del denominado ‘Grupo Indalo’ por aproximadamente 1.300 hechos similares a los que en estas sentencias se analizaron.
El ente recaudador añadió que Straccia ha comenzado a fijar audiencias indagatorias para diciembre, entre otros para las firmas Votions, Imagen Radial, DH Com, Radio Productora 2000, IGD, La Salamandra, Paraná Metal, Editorial Los Alamos, Cercuru y los responsables López, De Sousa, Frutos y Zamora.


EX GOBERNADOR DE SANTA CRUZ IMPUTADO EN CAUSA CON CFK
El juez Claudio Bonadio procesó, el mismo día en que Cristina Fernández festejó su elección en las PASO en la provincia de Buenos Aires, al ex gobernador de Santa Cruz Carlos Alberto Sancho como supuesto miembro de una asociación ilícita que habría encabezado la ex presidenta para el lavado de activos en la causa “Los Sauces”.
Así lo indicaron a DyN fuentes judiciales, que precisaron que Bonadio dispuso además embargar al ex mandatario por 10 millones pesos. “El aporte de Sancho en estos hechos es el haber creado empresas a fin de canalizar los alquileres espurios hacia Los Sauces SA. y gerenciar con una de sus empresas, y de la que luego formó parte como empleado, un hotel perteneciente a la sociedad de la familia Kirchner”, sostuvo el juez en el fallo al que accedió esta agencia.
Bonadio afirmó que “sus empresas fueron creadas en momentos en que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabeth Fernández ocupaban los más altos cargos del Poder Ejecutivo Nacional” y todas tienen relación con “Los Sauces SA”, la firma a través de la cual -se sospecha- la familia presidencial cobraba “retornos” de las obras públicas y concesiones petroleras entregadas a empresarios amigos.
El juez remarcó que la empresa “Negocios Inmobiliarios SA” fue creada el 31 de agosto de 2005 e “Idea SA”, el 7 de septiembre de 2011, firma esta que “se hizo cargo de la concesión del hotel ‘La Aldea’ cuando ‘Valle Mitre SA’ -de Lázaro Antonio Báez- dejó esa administración”.
El ex gobernador “cumplió su rol a sabiendas de que formaba parte de una asociación ilícita” y creó “una sociedad inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita”, añadió.
Sancho, que pertenece a una tradicional familia de comerciantes locales dedicada al rubro inmobiliario, entró en política en 1999 y su estrecho vínculo con el extinto ex presidente Néstor Kirchner lo llevó a integrar una fórmula para la gobernación junto a Sergio Acevedo. Cuando Acevedo renunció en 2006 por supuestos motivos personales con una crisis en la provincia y una distante relación con Kirchner, Sancho pasó a ocupar el Ejecutivo provincial hasta mayo de 2007, cuando también abandonó el cargo en medio de un conflicto con los docentes provinciales.
La situación judicial de Sancho se complicó el 17 de julio pasado, cuando el juez ordenó la detención del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, porque supuestamente habría querido eludir los embargos judiciales cobrando plata de alquileres en cuentas del ex gobernador.
Cuando enfrentó la indagatoria, Sancho aseguró que no integró ninguna asociación ilícita y que su vinculación con el caso fue el cobro de alquileres en nombre del condominio formado por Máximo y Florencia Kirchner, de forma “transparente, legal y ordinaria”, por ser apoderado del diputado de la agrupación “La Cámpora” e hijo de los ex presidentes, Máximo Kirchner.
Pero el juez Bonadio sostuvo en la resolución a la que accedió DyN que Sancho fue integrante de una organización junto a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia, su sobrina Romina Angeles Mercado, el empresario Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro y Luciano y el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Souza.
En esa agrupación también fueron procesados como integrantes de la supuesta banda el contador Manzanares (detenido), Osvaldo José Sanfelice, Alejandra Jamieso, Martín Samuel Jacobs, Claudio Fernando Bustos, Emilio Carlos Martín, Ricardo Alejandro Albornoz,  Marcelo Ludueña, Norma Beatriz Abuin, Alberto Oscar Leiva, Lisandro Donaire, Myriam Elizabeth Costilla y “otras personas que aún no se han identificado”, dice la resolución.
La asociación ilícita, dijo el juez, funcionó desde el mes de mayo de 2003 (cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada) hasta el día 14 de diciembre de 2016, día en que se dispuso la intervención judicial de “Los Sauces SA” y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, y tenía como “finalidad recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito”.


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