POLICIALES

UN SACERDOTE DENUNCIA AMENAZAS DE NARCOS
El sacerdote Jorge Cloro, de la diócesis de Quilmes, denunció que recibió amenazas de grupos vinculados al narcotráfico para que cese con su trabajo de prevención de las adicciones entre los jóvenes del barrio IAPI, en la localidad bonaerense de Bernal Oeste.
El religioso tiene a su cargo la parroquia Espíritu Santo, levantada dentro del asentamiento, y desde 2016 también desarrolla acciones para evitar que los jóvenes caigan en redes del narcotráfico y tendientes a asistir a otros con problemas de drogas. El sacerdote, conocido en el barrio como el padre “Chicho”, denunció a través de un video en Facebook que ayer dos personas en moto interceptaron a un colaborador suyo para dejarle un mensaje intimidatorio.
“Gordo, que no se metan con la calle. Decile al cura que sólo haga misa”, advirtieron a Cloro en el mensaje que atribuyó a grupos ligados al narcotráfico. Cloro aseguró también que ayer al circular con su automóvil por la zona conocida como la Rotonda de Pasco se reventaron tres cubiertas, las cuales según verificó tenían tajos realizados con objetos punzantes.
“Nuestros chicos no son negociables”, sostuvo, al ratificar su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y las adicciones en los barrios empobrecidos. En tanto, la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la diócesis de Quilmes y Cáritas diocesano respaldaron el trabajo del sacerdote para “detener el avance de la droga apostando al trabajo preventivo y de contención de jóvenes que se encuentran en situación de consumo problemático”.
“No es la primera vez que miembros de nuestra Iglesia diocesana son amenazados por trabajar en la prevención y la atención de personas con problemas de adicciones”, expresaron en un comunicado. “Sabemos de la metodología de los narcotraficantes, quienes se esconden en nuestros barrios matando literalmente a nuestros jóvenes”, agregaron.
Los organismos diocesanos enfatizaron que “genera indignación que acciones en favor de los jóvenes se vean truncadas por estos actos mafiosos que, por el contrario, no hacen más que afirmar la continuidad de nuestras estrategias que demuestran lo acertado de nuestras acciones de prevención y asistencia”.


CONDENAN A 8 AÑOS DE PRISIÓN A SUPERVISOR DE BUQUE NARCO
El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de esta capital condenó a ocho años de cárcel a un supervisor de buques que, junto a una banda, planeó y ejecutó un contrabando de 120,8 kilos de cocaína con destino a Europa desde el puerto de la ciudad de Buenos Aires, se informó hoy en Tribunales.
El condenado fue César Oscar Pérez, quien recibió la pena de ocho años de prisión al ser considerado autor del delito de contrabando de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas y por estar destinados inequívocamente a su comercialización.
La pena impuesta fue la requerida en el alegato por el fiscal general Marcelo Agüero Vera, titular de la Fiscalía 1 ante los tribunales del fuero. En la causa hay otras personas que ya fueron condenadas, mientras que otras permanecen prófugas.
Pérez fue juzgado luego de encontrarse prófugo en la causa caratulada “Bogarín Florencio Carlos y otros sobre contrabando de estupefacientes e infracción artículo 303 incisos 1° y 3° del CP”, en las cuales los allí imputados fueron condenados a cumplir penas de hasta doce años de prisión, en línea con la solicitud de la Fiscalía.
Oportunamente, el fiscal Agüero Vera acusó al imputado por entender que junto a los condenados previamente en aquella causa y personas que aún están siendo investigadas, planeó y ejecutó un contrabando de 120,8 kilos de cocaína con destino a Europa desde la Terminal Portuaria “Terminales Río de la Plata SA”, ubicada en el puerto de la ciudad de Buenos Aires.
Lo acusó en su carácter de supervisor de buques, por ser la persona que funcionó de nexo entre los distintos integrantes del plan, como así también quien organizó el traslado de la sustancia estupefaciente hacia la Terminal Portuaria y por recibir el dinero con el cual se pagaron las labores ilícitas.
El juicio oral se llevó a cabo luego de la investigación diligenciada en la etapa de instrucción a cargo del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 2, Emilio Guerberoff.


SECUESTRAN COLECTIVO CON ARGENTINOS EN BRASIL
Un ómnibus que se dirigía de Posadas a la ciudad brasileña de Florianópolis fue asaltado y secuestrado en una ruta de ese país por al menos cuatro delincuentes que robaron y maltrataron a los dos choferes y a dos pasajeras, quienes finalmente fueron rescatados por la policía.
El incidente se registró el lunes a la noche, pero se conoció de fuentes de la policía de Brasil.
Las víctimas fueron los choferes de la empresa Crucero del Norte identificados como Elvio Arias, de 53 años, y Alberto Galeano, de 55, en tanto que Ayelén Katherine Ramírez, de 26, e Isidora Ester Gómez, de 71, eran las únicas pasajeras.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios locales en base a información de la policía de Brasil, el transporte partió desde la terminal de Posadas poco después de las 10 del lunes y pasó la frontera por la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, tras lo cual recorrió unos 300 kilómetros por la ruta BR 282.
En proximidades de la localidad de Ponte Serrada el ómnibus fue alcanzado por un automóvil Fiat Marea con varios hombres a ordo, uno de los cuales disparó contra la puerta del lado del conductor del ómnibus y lo obligó a detenerse.
Entonces fue abordado por dos delincuentes armados, uno de los cuales tomó el volante y otro mantuvo inmovilizados a los choferes y a las dos pasajeras. Tras recorrer más de 20 kilómetros con el Fiat Marea adelante, los delincuentes ingresaron en un camino lateral, pero fueron vistos por un automovilista que dio aviso a la policía.
Al llegar los policías al lugar y en medio de la oscuridad, los delincuentes abandonaron ambos vehículos y se internaron en un área de bosques, donde no pudieron ser hallados. En principio, los investigadores fueron sorprendidos por la ausencia de los choferes y pasajeros, pero estos habían sido obligados a descender y se encontraban en los alrededores, caminando y buscando ayuda, ya que habían sido despojado de sus pertenencias.
Las mismas fuentes señalaron que el interior del vehículo de los delincuentes se hallaron dinero, equipaje, un tacógrafo digital, tres celulares, perfumes, prendas de vestir y zapatos que pertenecían a las víctimas, además de una mochila que contenía una motosierra y un estuche de escopeta.
Según los testimonios recogidos por los investigadores, los delincuentes actuaron con violencia y constantes amenazas de muerte, exigiendo a las dos pasajeras que se quitaran sus vestimentas. Las cuatro víctimas fueron asistidas en un puesto de salud de Ponta Serrada, donde se empezó a tramitar la causa judicial.
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MENDOZA: LA TRAGEDIA DEL COLECTIVO
El exceso de velocidad habría sido la causa del accidente que en junio pasado provocó la muerte de 15 personas en la denominada Cuesta de los Terneros, en el departamento mendocino de San Rafael, según informó el magistrado que tiene a cargo la causa.
El juez de Garantías Pablo Peñasco dio detalles de la investigación y explicó que el colectivo que trasladaba a integrantes de una escuela de danzas de Buenos Aires circulaba a mayor velocidad de la permitida, y que los frenos no funcionaban correctamente.
El accidente se produjo el 25 de junio y dejó un saldo de 15 muertos y más de veinte heridos.
A poco más de dos meses de la tragedia, las investigaciones comienzan a dar algunas respuestas respecto a los motivos que provocaron el vuelco. “El análisis del tacómetro determinó que la velocidad a la que se trasladaba el colectivo al momento del accidente oscilaba entre los 80 y 87 kilómetros por hora, en camino de pendiente”, dijo el magistrado.
Agregó que “se determinó que el conductor sobrepasó a un automóvil que circulaba a 30 kilómetros por hora y al tener que cambiarse de carril para no impactarlo, colisionó con el cerro, lo que desestabilizó al micro y terminó provocando la muerte a 15 personas”.
Además, señaló que los frenos funcionaban, aunque no en óptimas condiciones, ya que “en condiciones normales de funcionamiento respondían de 77 a 78 por ciento”.
La causa, caratulada como “Homicidio culposo agravado por la conducción antireglamentaria y por la cantidad de víctimas fatales y heridas”, no tiene detenidos ni imputados, dado que el chofer del micro, Jorge Damián Pinelli, murió en el accidente.


CONFIRMAN INTERVENCIÓN DEL HOTEL DE LOS KIRCHNER
La Cámara Federal porteña confirmó la intervención hasta diciembre próximo de la firma “Los Sauces SA” y del condominio “Máximo Kirchner y Florencia Kirchner”, abierto por la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner.
Así lo resolvió hoy la Sala I de la Cámara, al respaldar al juez Claudio Bonadio en la causa por la que están procesados la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos como jefes de una asociación ilícita y por lavado de dinero, a través del alquiler de propiedades a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
En un fallo al que accedió DyN, uno de los jueces resaltó los compromisos asumidos por el Estado argentino en torno a los delitos de corrupción y donde “las medidas cautelares resultan indispensables” para “impedir que se sigan cometiendo los ilícitos”.
Sin pronunciarse aun sobre esos procesamientos, la Cámara rechazó los planteos de la defensa de Cristina Fernández, de su sobrina Romina Mercado, del apoderado judicial de Máximo y Florencia y del empresario Osvaldo Sanfelice.
A fines de diciembre, el juez había dispuesto la intervención judicial por seis meses de “Los Sauces SA” y de la sucesión de  Néstor Kirchner y designó informantes en las firmas “Ideas SA” y “Negocios Patagónicos”.
El 30 de mayo el juez ordenó extender esa intervención sobre la sucesión de Kirchner al condómino Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner, manteniendo como interventora administradora a Raquel Moyano. Además, el 13 de junio pasado ordenó prorrogar las intervenciones decretadas por otros seis meses.
Todo ello fue ratificado hoy por la Sala I de la Cámara Federal, en un fallo donde el juez Ballestero consideró “procedente y atinada” la intervención. Según dijo, “no es un dato menor que la fecha de finalización” en que operó la supuesta banda que encabezó Cristina Fernández ocurrió el 14 de diciembre de 2016 y “se corresponde con el decreto de intervención”, lo que “actuó como barrera de la actividad que se investiga en la causa y que, prima facie, se considera ilícita”.
En ese marco, el juez advirtió que “en eso se afinca uno de los presupuestos que habilitan la imposición de este tipo de medidas de carácter cautelar, es decir, el peligro en la demora”. Aunque aclaró que no se iba a adelantar a opinar sobre el fondo de la cuestión (el procesamiento de Cristina y el resto), Ballestero afirmó que “la cuestión aquí planteada no puede divorciarse de la situación jurídica que se proyecta a la empresa ‘Los Sauces SA’, en tanto se ha identificado como un colectivo ilícito” que “se constituyó con el único objetivo de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación -al menos de las empresas del Grupo Báez- de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner durante el tiempo que ejercieron la primera magistratura y la devolución o retorno se hacía mediante contratos de alquiler de propiedades de esta firma”.
Por su parte, Bruglia habló sobre los compromisos internacionales asumidos en materia de corrupción y de la ley de ética pública, por lo que entendió que “la intervención aquí tratada resulta adecuada, proporcionada y razonable, teniendo en consideración los objetivos que se persiguen”.
El juez subrayó que se podría haber optado por una medida menos gravosa, pero Bonadio “no basó su decisión en cuestión  abstracta, sino que la sustentó en la existencia de hechos concretos que podrían constituir precisas maniobras de lavado de activos”. También señaló que la intervención sobre el condómino “intenta evitar que la administración en manos de los imputados o terceros pueda frustrar de alguna manera los objetivos del proceso penal”.
De todas maneras, Bruglia advirtió a Bonadio que “habrá de adoptar las medidas pertinentes con el objeto de conservar el patrimonio de los imputados y evitar su disminución o pérdida de valor”. En otras resoluciones paralelas, la Cámara Federal también rechazó remover a la interventora Raquel Moyano y un planteo de nulidad efectuado por la desplazada presidenta del directorio de “Los Sauces” Romina Mercado.

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