POLICIALES

SISTEMA DE INFORMACIÓN POR CASOS DE TRATA
El Gobierno oficializó la creación del Sistema Federal de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (Sistrata), a través del cual busca constituir una base de datos a nivel nacional que ayude a prevenir y combatir esa problemática. Según la Resolución 787-E/2017, publicada en el Boletín Oficial, la nueva herramienta será administrada por la Dirección Nacional de Investigaciones dependiente de la Subsecretaría de Investigación del Delito Organizado del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
El Sistrata “se constituirá a través de una base de datos compuesta de información cuantitativa y cualitativa que, de acuerdo con criterios sistemáticos y uniformes suministrarán los cuerpos policiales provinciales o la autoridad local competente en materia de
seguridad”. A la base de datos también aportarán información la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad  Aeroportuaria, “ante la posible comisión del delito de trata de personas y los ilícitos conexos”.
Según los considerandos de la Resolución, “uno de los tramos de la figura penal recepcionada en el artículo 145 bis del Código
Penal se conforma con las acciones de ‘transportar’ o ‘trasladar’ que se complementa con una referencia de lugar, en tanto las
acciones precitadas deben llevarse a cabo dentro o fuera del país”.
Que por tal motivo, “si la acción de ‘transportar’ o ‘trasladar’ se desarrolla en el territorio del país, se advierte la relevancia de la información que puedan proporcionar las policías provinciales respecto a la posible comisión del delito de trata de personas en su ámbito de actuación jurisdiccional, para una mayor eficiencia en el diseño, análisis e implementación de políticas criminales contra el delito precitado”, concluyó.


CUADRUPLE CRIMEN DE LA PLATA: LA INVESTIGACIÓN
El remisero Marcelo Tagliaferro fue citado a declaración indagatoria en la causa por el cuádruple crimen de La Plata, ocurrido en 2011 en el barrio La Loma, adonde está imputado por “falso testimonio”.
La fiscal Ana María Medina, luego de que Tagliaferro desoyera una convocatoria anterior, fijó el próximo martes 15 de agosto, a  las 12, como nueva fecha de audiencia. En el caso de que no se vuelva a presentar, “corre serio riesgo de ser detenido a los efectos de cumplir con la requisitoria judicial”, dijeron los voceros consignados por el diario El Día.
Esta causa se inició por una denuncia que hizo Marcelo Mazzeo, abogado defensor de Osvaldo “Karateca” Martínez, uno de los
imputados en el juicio oral, quien fue absuelto. El letrado acusó a Tagliaferro de “mendacidad para obtener rédito económico mediante el cobro de una recompensa” al declarar sobre la posible participación de Martínez en los homicidios de Micaela Galle (11), su madre y novia del “Karateca”, Bárbara Santos (29); su abuela Susana de Bárttole (63) y una amiga de la familia, Marisol Pereyra (35).
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de noviembre de 2011, en un departamento tipo PH ubicado en calle 28, entre 41 y 42, del barrio La Loma, las mujeres fueron masacradas a golpes y a puñaladas.
Tras los asesinatos, el remisero identificó al “Karateca” como el hombre que salió del departamento y golpeó el baúl del remís
con el que había llevado esa noche a Pereyra y, luego, lo reconoció en una rueda de personas. Martínez, que era el novio de Bárbara Santos, fue detenido por primera vez y liberado 38 días después, aunque el 3 de mayo de 2012 volvió a quedar preso tras la aparición de un nuevo sospechoso, Javier “Hiena” Quiroga, quien había realizado trabajos de albañilería en la casa de las víctimas.
“El Karateca” fue liberado el 26 de septiembre de 2012 y absuelto el 18 de julio de 2014 por el tribunal que, ese mismo día,
condenó a Quiroga a prisión perpetua por la masacre.


POLICÍA PROCESADO POR NO DENUNCIAR A UN MOTOCHORRO
La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento contra el policía que omitió impulsar la denuncia por el robo que sufrió un turista canadiense por parte de Gastón Aguirre, conocido como el “motochorro de La Boca”, cuando se desplazaba en bicicleta el 13 de agosto de 2014 por ese barrio porteño.
La Sala Sexta del tribunal ratificó el procesamiento contra el ex jefe de Servicio Externo de la comisaría 14 de la Policía Federal Damián Aníbal Tielas. Según consta en la causa, a la que accedió DyN, el policía “fue anoticiado por Lucía Croce, traductora del ciudadano canadiense Alexander Hennessy, que mientras éste circulaba con una bicicleta por Irala junto a otros excursionistas, un sujeto en moto le había exhibido un arma de fuego para intentar sustraer sus pertenencias”.
Aquel episodio tuvo repercusión internacional a raíz de que el canadiense filmó toda la secuencia con una cámara que tenía
instalada en su casco protector, y las imágenes de Aguirre asaltándolo recorrieron profusamente los medios audiovisuales. “Pese a ello (el policía Tielas) no habría dado la intervención judicial pertinente”, explica la imputación.
Pese a que la traductora le describió con detalles lo ocurrido y le mostró la filmación, el uniformado “no inició ninguna actuación ni ofreció siquiera recorrer las inmediaciones para ubicar” al agresor, sino que “se limitó a referirle que debía realizar la denuncia en la seccional”. Para los jueces Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich, “Tielas supo fehacientemente por parte de los propios involucrados que se había cometido un delito de acción pública y los pormenores que lo rodearon, incluso que el evento había sido filmado y aún así no labró sumario, no promovió consulta al Juzgado o a la Fiscalía correspondiente; tampoco intentó
colectar pruebas”.
“Tampoco asentó la novedad en el libro ‘Parte de Inspectores’, y esa omisión motivó que se lo sancionara con ocho días de
arresto”, resume la resolución. “Desempeñándose como jefe de Servicio Externo, fue desplazado por requerimiento de un efectivo de facción por la comisión de un hecho ilícito, siendo que al arribar al lugar no obró con la debida diligencia que el hecho ameritaba”, reiteraron, al confirmar su procesamiento por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

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