POLICIALES

EL MINISTRO RITONDO DENUNCIA AL “REY DE LA SALADA”
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó que presentará una demanda contra el administrador de la feria La Salada, Jorge Castillo, detenido e imputado como jefe de una asociación ilícita, quien desde la cárcel lo llamó “mafioso”.
Ritondo respondió en declaraciones televisivas a las acusaciones en su contra que formuló Castillo, considerado el “Rey de La Salada”, desde la alcaidía de Melchor Romero donde cumple prisión preventiva. En relación con los dichos de Castillo, quien lo llamó “mafioso”, el funcionario de María Eugenia Vidal sostuvo: “No tengo ningún problema, yo le voy a presentar una demanda como corresponde”. “Un delincuente y un mafioso como Jorge Castillo se defiende así, no tiene otra opción. Se defiende a los tiros contra la policía, porque tiene que justificar la cantidad de dinero que tenía ahí (en el country de Luján) y la cantidad de propiedades que tiene”, agregó.
Ritondo atribuyó las acusaciones de Castillo a que “él sabe que por la investigación de este ministerio y del gobierno de la provincia de Buenos Aires se le acabó la impunidad de la que gozó durante años, mientras antes paseaba con los presidentes y con los secretarios de Comercio por el mundo”, afirmó, en alusión a Cristina Fernández y a Guillermo Moreno.
“Esa mafia que no pagaba impuestos, que vende falsificación marcaria, que ocupaba el espacio público, que le pegaba a las mujeres y se adueñaba de un lugar y un territorio, hoy se acabó y (Castillo) está preso como jefe de una asociación ilícita”, enfatizó en declaraciones al Canal 26. Al ser consultado sobre si hay pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva de Castillo, Ritondo respondió: “Eso lo va a decidir la justicia. Nosotros hemos trabajado en consolidar las pruebas durante once meses con la fiscalía. La que define es la justicia”.
El lunes, en una entrevista con Telefé Noticias desde la Alcaidía de Melchor Romero, Castillo volvió a considerarse “un preso político” y apuntó a Ritondo. Castillo advirtió que el ministro de Seguridad bonaerense “no puede hablar de mafias porque es un mafioso más”, y precisó: “Maneja la hinchada de Chicago”.
El administrador de la feria La Salada dijo que Ritondo “les baja droga a los barras de Chicago”, por lo que pidió que “investiguen cuántos empleados tiene Chicago en el gobierno de la Capital Federal y cuántos empleados tienen los barras en el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.
Castillo también apuntó al jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad bonaerense, Marcelo Rocchetti, al asegurar que él “dijo que me iba a destruir”. Durante la entrevista televisiva desde la cárcel, Castillo sostuvo que “la política está metida” en la causa y que “están intentando meterse en el negocio” de la feria de La Salada.
El 28 de julio, el juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, dictó la prisión preventiva de Castillo al considerarlo jefe de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros en los alrededores de la feria ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.
La decisión del magistrado, que hizo lugar al requerimiento del fiscal Sebastián Scalera, también incluyó a otras 22 personas, entre ellas cuatro policías, acusadas en el expediente de integrar con distintos grados de participación una asociación ilícita que operaba en La Salada.
Además de Jorge Castillo están detenidos su hermano Hugo, sus sobrinos Adrián Capazo Castillo y Leandro Gaitán, su cuñada Gladys Arrieta, y Alfredo Almirón, a quien se señala en el expediente como el supuesto recaudador y mano derecha del “Rey de La Salada”.


PIDEN INDAGAR A GILS CARBÓ POR “LA RUTA DEL DINERO K”
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea llamada a prestar declaración indagatoria  en la causa que investiga si dos fiscales quisieron excluir el nombre del empresario Lázaro Báez del inicio de la causa conocida como “ruta del dinero K”.
Consultados por DyN, voceros de la UIF confirmaron la presentación pero se excusaron de dar detalles en el carácter reservado de sus actuaciones. En tanto, el fiscal Carlos Gonella, procesado en la causa, dijo a DyN que “esta noticia tiene un trasfondo político”, afirmó que las acusaciones en su contra son “descabelladas” y que el propio fiscal Ramiro González, que actuó en el expediente, aseguró que no hubo “ninguna presión” ni de parte suya, en su rol de jefe de la Procuraduría de Lavado de Dinero (PROCELAC), ni de Gils Carbó.
Gils Carbó fue llamada a indagatoria para el próximo 31 de agosto en una causa que investiga la compra de un inmueble para la Procuración por la que se pagaron comisiones millonarias. En esta causa está imputada pero hasta ahora no se había pedido su llamado a indagatoria porque se estaban llevando adelante distintas medidas de prueba para esclarecer su rol en el expediente.
LA UIF no está aceptada oficialmente como querellante en la causa: el juez Marcelo Martínez De Giorgi había aceptado su presentación en el expediente luego de que el fiscal inicial del caso Juan Pedro Zoni decidiera rechazar la elevación a juicio, pero la Sala II de la Cámara Federal había rechazado su papel en el expediente al indicar que no se investigaba lavado de dinero, indicaron a esta agencia fuentes judiciales.
Con la discusión sobre el rol de la UIF como querellante en la Cámara de Casación Penal, la repartición oficial que encabeza Mariano Federici resolvió pedir el llamado de indagatoria de Gils Carbó en el caso. En la causa ya están procesados los ex fiscales de la Procuraduria contra el Lavado de Activos (PROCELAC) Carlos Gonella y Omar Orsi, por entender que cuando dictaminaron en el comienzo de la causa por la llamada “ruta del dinero K” habrían excluido el nombre de Lázaro Báez de la investigación.
Gonella dijo a DyN que “es falso” que el fiscal Guillermo Marijuan lo denunció por el caso Báez o que “haya pedido la  indagatoria de la Procuradora”, e interpretó que esta noticia judicial es una “respuesta del Gobierno” a las notas que dio la jefa de los fiscales en los últimos días.
En tanto, desde la Procuración interpretaron la presentación de la UIF como una respuesta a la queja elevada junto al jefe de la Procuración de Brasil por la falta de avances en el caso Odebrecht, a través de las gestiones de la Cancillería. Gonella y Orsi fueron procesados por entender que limitaron el requerimiento fiscal a los hechos vinculados a los primeros involucrados, Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
Se cree que con ese dictamen los entonces responsables de la PROCELAC dejaron de lado otras conductas mucho más graves, que expresamente habían sido denunciadas, relacionadas a valores más importantes relativos a quien era entonces uno de los contratistas de obra pública más importante a esa fecha, Lázaro Báez, su familia y entorno y sus empresas.
Estuvieron procesados y la causa estaba a punto de ser enviada a juicio, pero el fiscal Zoni pidió meses atrás el sobreseimiento de ambos por entender que no hubo delito. Finalmente Zoni fue apartado, el caso pasó al fiscal Federico Delgado -que fue recusado- y el expediente pasó a manos del fiscal Franco Picardi.


LA BÚSQUEDA DE ANAHÍ
El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de entre 300 y 500 mil pesos “a quienes aporten información fehaciente que contribuya a determinar el paradero” de la adolescente Anahí Benítez, quien fue vista por última vez el pasado sábado en Banfield.
El monto de la recompensa “será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información” ante los fiscales generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia.
Pueden hacerlo también a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, sita en calle 2 entre 51 y 53, de La Plata. En tanto, en un comunicado, el Ministerio informó que habrá “estricta reserva de identidad” para quienes aporten esos datos.
La adolescente, de 16 años, fue vista por última vez el pasado sábado cuando salió de su casa del partido bonaerense de Lomas de Zamora, rumbo al Parque Municipal Eva Perón. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

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